Se discute en el Congreso de la Republica en estos días la Unificación
de los periodos de Gobernadores,
Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles con las de Congreso y
Presidencia.
Los argumentos de los que impulsan este acto legislativo se
centran fundamentalmente en la armonización de la planeación, de la gestión del
gobierno y que las administraciones de los entes territoriales coincidan en su elaboración
y planes con los del gobierno central. Como también, manifiestan que se generaría
un ahorro permanente en el proceso de elecciones. Solamente para las próximas
elecciones, según estudio presentado por la Contraloría General de la Nación,
el ahorro estaría en la suma de $ 409.694
millones, lo cual de por si es un ahorro cuantioso.
Por otro lado, los argumentos de
la vía en contraria al proyecto de acto legislativo manifiestan que se estaría
burlando al elector primario, sobre la base que se eligió por la ciudadanía, Gobernadores,
Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles para un periodo de cuatro años el cual
finalizaría en diciembre del año 2019 y el examen de cuentas político que se
realiza al finalizar el periodo no sería susceptible de realizarse burlándose en
esa forma al elector primario. Argumentan por demás que se estaría en contravía
de jurisprudencias de la corte en relación con los periodos y el acto sería
inconstitucional a todas luces. Otro de sus argumentos se centra en que ello
les restaría autonomía a las regiones al unificar los periodos y mezclar las
elecciones de congresistas con las de Congreso y Presidencia.
En un sector y otro, se presentan argumentos relativamente válidos,
sin embargo, la realidad del conflicto se centra en un tema político, los
sectores de izquierda liderados por Petro, Navarro, Robledo y Claudia, apuntan a la recuperación de la alcaldía de Bogotá
como su principal botín y piensan que de realizarse las elecciones en octubre del
próximo año, los votos que obtuvieron en las elecciones presidenciales se repetirían
y obtendrían la Alcaldía de Bogotá y de pronto algunas alcaldías de ciudades
intermedias. Son conscientes también que de prorrogarse en el tiempo la elección,
la victoria podría inclinarse hacia los sectores de centro derecha. O sea, que para los que piensan en esta forma,
no se tiene en cuenta la desplanificación que representa tener las gobernaciones
y alcaldías en discordancia con los programas del gobierno nacional, ni
tampoco el ahorro que permite el unificar las elecciones. Su único objetivo es
el político y lo sobreponen sobre la planificación del país.
Por otro lado, en el escenario de
los impulsadores del proyecto, si bien es cierto, unificar los periodos le conviene a las
finanzas y a la planificación y articulación de los programas de los entes territoriales con los del gobierno
central, no deja de ser menos cierto que alargar el periodo de los actuales gobernadores,
alcaldes, diputados, concejales y ediles elegidos seria desconocer el espíritu del
elector primario que los eligió por un periodo de cuatro años, a la espera de
realizarles un juicio de cuentas político al finalizar el periodo.
Entramado difícil de resolver
para nuestros congresistas, de un lado es necesario e imprescindible la unificación
de los periodos por el bien de la planificación, de la economía y de las
finanzas de la nación y de otra parte no se puede violentar el espíritu del
elector primario, so pena de ser tachado de inconstitucional el acto
legislativo en cuestión. Y allí le hablamos al oído de nuestros congresistas,
si el punto central del acto legislativo para que no sufra una declaración de
inconstitucionalidad es no birlar el espíritu del elector primario, sométase este
acto a un acto de referéndum y en esa forma se convalida el acto para bien del
elector y de la democracia.
